La noche del 19 de enero, un ciudadano extranjero, cuchillo en mano, en plena calle, a vista y paciencia de los habitantes de Ibarra, durante 90 minutos, mantuvo retenida a su ex-pareja y luego la apuñaló varias veces hasta asesinarla mientras elementos policiales hicieron las veces de testigos presenciales. Este criminal ya había alertado que asesinaría a su víctima si no lo dejaban irse. Los agentes de la ley, lamentablemente, aunque estaban a tan solo cinco pasos de la pareja no tuvieron idea de cómo proceder. Esta indecisión seguramente se debe a que ya ha habido casos en este país en que los policías terminan siendo criminalizados cuando actúan de diferente manera, es decir, tomando como referencia este caso, le hubieran disparado al agresor. Luego de la captura, cuando un grupo de ciudadanos acorralaron al hombre, los mismos agentes que antes no tuvieron la entereza para controlar la situación, no encontraron mejor alternativa que detonar bombas lacrimógenas para poder liberar al criminal. Ahora para calmar las aguas, la ministra del interior se lava las manos y busca culpables, cambiando a la gobernadora y jefe de policía. Es en extremo difícil ponerse en la situación de las demás personas si uno no se encuentra en sus zapatos, solo nos queda imaginar que hubiera sucedido si los gendarmes hubieran actuado de forma diferente, si alguno de ellos hubiera decidido jalar el gatillo. Muy probablemente el debate fuera distinto, quizá en este momento todo el grupo policial estuviera siendo investigado, grupos de derechos humanos estuvieran abogando por el bienestar del que hubiera sido el occiso y quien sabe, tal vez uno que otro energúmeno estuviera buscando alguna justificación para el accionar del agresor. Es por esto que si de verdad no queremos tener más de este tipo de agresiones brutales, las leyes deberían ser explicitas y la ciudadanía debería conocerlas y hacerlas respetar. Ya no podemos seguir permitiendo tener autoridades expertas en el juego macabro de pasarse las culpas cuando hombres, mujeres y niños están siendo asesinados en las calles. Es cierto que desde el hogar, academia y medios de comunicación se tiene el deber de cambiar mentalidades para que nuestra sociedad no se siga degradando. Pero es imperativo que existan leyes claras, que prioricen la integridad de los inocentes y que no les den ni un solo respiro, ni el más mínimo, a quienes cometen actos atroces. No podemos seguir permitiendo que se derrame más sangre de gente inocente, no está bien. Es nuestra obligación como ciudadanos de bien exigir a las autoridades máximas que se tome cartas en el asunto de manera inmediata y no que se estén escudando con uno o dos despidos que a final de cuentas no cambian en nada la situación y muchos menos reviven a las víctimas ni repara el dolor de sus familiares.

El Universo «Agreciones Brutales» 27.Enero.2019